¿Qué tan cierto es el interés general?

Si además de declaraciones en intenciones, muchas de las iniciativas públicas y privadas estuvieran de verdad inspiradas en ese vital principio, tendríamos un país mejor organizado, más justo y con políticas transparentes, si tal trascendente imperativo se asumiera con responsabilidad compartida por todos los sectores de la vida nacional y no solo exigido al gobierno de turno.

En medio de ese panorama, es de justicia reconocer el innegable esfuerzo que viene realizando el presidente Luis Abinader por su visión personal e institucional de lo que deben ser las políticas públicas y los logros alcanzados en sus ejecutorias, aunque en el país las desigualdades son de tal dimensión que, para ver grandes resultados, se requiere tiempo y muchos recursos.

En los juicios y evaluaciones sobre las políticas oficiales, no se toma en cuenta o, por lo menos, no se le asigna la importancia que tiene la estabilidad social y macroeconómica como la que disfruta la República Dominicana, porque no hacemos una detenida mirada a los trastornos que en este vital
campo están sumidas otras naciones
del hemisferio.

En la lucha contra la inequidad social, y para disminuir los niveles de pobreza, se podrían obtener resultados más amplios y palpables si ciudadanos en general contaran con más oportunidades y una mejor protección de sus derechos, y para lograrlo, la clase empresarial tiene que jugar un rol más efectivo, dejando atrás la visión paternalista que se reclama al Estado.

Leyendo los artículos que publicó el académico e intelectual Américo Lugo en el periódico Patria en 1926, con consideraciones críticas, sobre la sociedad dominicana de entonces, nos damos cuenta que esta fementida defensa actual del interés general, con algunas honrosas excepciones y matices diferenciados, es un rasgo atávico que no hemos podido o querido superar y que, por tanto, aún apenas alcanza la categoría de un drama de teatralidad con pésima representación.

En consecuencia, a pocos logran confundir, a menos que sean aquellos que actúan exclusivamente por beneficio propio, porque son parte de la política clientelista y vacía de contenido, objeto de tantas críticas, pero ante la cual no se hace nada para producir un cambio tendente a fortalecer la conciencia cívica a favor de la institucionalidad democrática, y de los principios que deben normar la vida en sociedad.

Si otro fuera el panorama, no estaríamos expuestos a revivir períodos desquiciantes, como cuando la clase trabajadora cotizante, o sea, la que aporta parte de sus ingresos a un fondo de pensiones para tener derecho a un retiro digno, se vio amenazada en décadas pasadas por una práctica fraudulenta que afectaba sensiblemente la sostenibilidad del régimen de pensiones.

Una de las formas más efectivas de lograr un ejercicio real, del interés general, es seguir fortaleciendo las relaciones entre la clase trabajadora y el sector patronal, en un ambiente de equilibrio e interdependencia en que, además de los beneficios económicos, se le asigne el valor y cuidado para cuidar algo tan indispensable como la paz social.