Amenazas híbridas: la nueva frontera de la seguridad nacional en América Latina

En América Latina, el crecimiento acelerado de la transformación digital ha ampliado tanto las oportunidades como las vulnerabilidades. La expansión de la conectividad, la digitalización de los servicios públicos y financieros, y la dependencia de las tecnologías en la gestión gubernamental y empresarial, han convertido a la región en un terreno fértil para las operaciones cibernéticas maliciosas. Los incidentes en ministerios, hospitales, bancos y servicios esenciales, han dejado claro que los ataques digitales pueden generar consecuencias tangibles en la economía, la gobernabilidad y la confianza social.

Las ciberamenazas actuales, desde el ransomware hasta la desinformación coordinada, actúan como un vector multidimensional de riesgo. En el ámbito económico, pueden interrumpir la cadena productiva, paralizar transacciones financieras, y generar pérdidas millonarias que afectan la competitividad y la inversión. En el terreno democrático, la manipulación informativa y la interferencia digital socavan la legitimidad institucional y polarizan el debate público. En el plano social, la exposición de datos personales, la suplantación de identidades, y la proliferación de contenidos falsos erosionan la confianza de los ciudadanos en el espacio digital.

Según el informe 2025 de CrowdStrike[1], sobre el panorama de amenazas en América Latina, la región enfrenta adversarios tanto regionales como globales: desde grupos de cibercrimen como BLIND SPIDER y ODYSSEY SPIDER, con base en territorios de la región, hasta actores estatales vinculados con Estados que operan con objetivos geopolíticos estratégicos.

Estas amenazas no distinguen fronteras y, por tanto, requieren respuestas integrales y coordinadas. Los Estados deben fortalecer su gobernanza cibernética, establecer marcos legales actualizados, fomentar la cooperación público-privada, y consolidar mecanismos de confianza con sus pares regionales. Al mismo tiempo, deben promover una cultura ciudadana de seguridad digital que refuerce la protección individual como parte de la seguridad colectiva.

El desafío radica en reconocer que la ciberseguridad no es un asunto meramente técnico, sino estratégico. Se trata de preservar la estabilidad nacional y proteger el bienestar de la población frente a actores que utilizan la tecnología con fines de coerción, sabotaje o manipulación. En este contexto, la construcción de capacidades nacionales de detección, respuesta e inteligencia se convierte en un imperativo de soberanía y desarrollo.

En América Latina, algunos países han comenzado a incorporar este enfoque de manera estructural. Entre ellos, República Dominicana se destaca por haber elevado la ciberseguridad al nivel de la seguridad nacional, vinculando el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) con el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), como órgano responsable de la seguridad nacional, y estableciendo el Instituto Criptográfico Nacional (ICN) como centro especializado en protección criptográfica, investigación y estandarización tecnológica, para trazar el camino hacia una soberanía digital.

Estas decisiones reflejan una comprensión moderna del riesgo: la seguridad del Estado y la protección de los ciudadanos ya no se limita al territorio físico, sino que se extiende al espacio digital, donde se define la resiliencia, la soberanía y la confianza de las naciones. La ciberseguridad, en consecuencia, no solo protege infraestructuras, sino también la democracia, la economía y la estabilidad social.

Hoy, más que nunca, República Dominicana reafirma que la ciberseguridad es un asunto de seguridad nacional, y que su fortalecimiento es esencial para garantizar la soberanía tecnológica, la protección de la información estatal, y la calidad de vida de sus ciudadanos en la era digital.