Sacrificio privado, exceso público:  ¿Dónde quedó el recorte del gasto?

El principal argumento de defensa del nuevo paquete fiscal radica en su declarada intención de proteger a las clases vulnerables, y dinamizar el ecosistema de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) mediante una postergada simplificación tributaria. 

En el plano corporativo básico, la ley responde a una demanda histórica del sector comercial: la eliminación total del pago de anticipos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para las microempresas, acompañada de esquemas flexibles de fraccionamiento para las pequeñas entidades. Esta medida inyecta liquidez inmediata a la columna vertebral del empleo, permitiendo que los pequeños emprendedores respiren. 

Asimismo, la legislación introduce incentivos orientados al sector inmobiliario y exportador, reduciendo el impuesto a las ganancias de capital por venta de inmuebles para personas físicas de un 25% a un 10%. No obstante, la joya de la corona del discurso oficialista, ha sido la modificación de la escala impositiva de las personas físicas, elevando el umbral de exención del ISR mensual de RD$ 34,685 a RD$ 40,000. Esto se ha promocionado como un “oxígeno directo al salario”, pero, ¿lo es?  

Al contrastar el nuevo umbral legal, con los datos oficiales más recientes publicados por el Banco Central de la República Dominicana, el argumento del “alivio tributario” se desmorona bajo el peso de la realidad macroeconómica. De acuerdo con el organismo rector, el costo promedio de la canasta básica familiar nacional se sitúa en los RD$49,268.36. 

Esta asombrosa disparidad cuantitativa pone de manifiesto una contradicción flagrante dentro de la Ley 30-26: el Estado dominicano ha validado un marco legal que empieza a extraerle impuestos a un ciudadano común antes de que este logre percibir los ingresos mínimos indispensables para que su familia subsista de forma digna. Gravar un salario que se encuentra por debajo de la canasta básica es un abuso. 

A esta distorsión se suma una demanda histórica postergada. El Congreso ha suspendido, sistemáticamente, la indexación salarial por inflación de manera ininterrumpida desde el año 2017 a través de las leyes de presupuesto. Por consiguiente, fijar el techo en RD$40,000.00 no constituye un beneficio genuino, sino el reconocimiento tardío e insuficiente de un rezago inflacionario estructural. Aquí se hace evidente una profunda asimetría respecto al sector corporativo: mientras una empresa solo tributa sobre sus utilidades netas tras deducir sus gastos de operación, el trabajador dominicano paga impuestos sobre sus ingresos brutos, sin poder deducir el costo vital de su alimentación o salud. 

La voracidad recaudatoria de la ley aprobada “al vapor” se ceba con especial dureza en los profesionales independientes. Para las personas físicas que sustentan su economía ofreciendo servicios profesionales, la tasa de retención del ISR ha sido incrementada drásticamente del 10% al 15%. Este aumento cercena de inmediato el flujo de caja operativo de consultores, asesores y trabajadores independientes, restándoles competitividad y empujándolos a un escenario financiero sumamente restrictivo. 

A este golpe directo, se suma el incremento del Impuesto sobre los Cheques y Transferencias Electrónicas, que pasa del 0.15% al 0.20%. En un país que ha invertido años en bancarizar a su población, elevar el costo de mover dinero digital resulta contradictorio, pues castiga las transacciones formales y estimula el uso del efectivo fuera del radar impositivo. 

Sin embargo, el cuestionamiento más severo apunta a la unilateralidad de la ley. La reforma se concentra casi de manera exclusiva en el incremento de los ingresos públicos —buscando recaudar alrededor de 50,000 millones de pesos—, pero evade deliberadamente el compromiso de una reforma profunda en la contención del gasto corriente estatal. Exigir sacrificios a la población carece de legitimidad si la administración pública no implementa de forma simultánea un plan real de austeridad. 

Si el Estado buscara un verdadero equilibrio, el margen para recortar gastos superfluos es amplio. Un ejemplo flagrante, es el multimillonario presupuesto destinado a la publicidad y propaganda estatal, recursos que con frecuencia se desvían hacia el mercadeo de la imagen gubernamental en lugar de responder a campañas estrictamente institucionales o de salud pública. Asimismo, la optimización del gasto pasa por suprimir nominillas, racionalizar los viáticos, y detener el gasto en asesorías externas innecesarias. 

La Ley 30-26 se presenta ante la nación como un intrincado ejercicio de equilibrismo financiero que devela las profundas grietas estructurales del modelo económico dominicano. Un proceso que inició ignorando el debate ciudadano en el Congreso, termina con una reforma diseñada para “sacar” dinero de los bolsillos privados en lugar de “ahorrar” en las estructuras públicas.

Hasta que el umbral del impuesto respete el costo real de la canasta básica familiar, y el Estado demuestre con el ejemplo reduciendo sus propios excesos, este paquete fiscal será recordado no como una herramienta de desarrollo, sino como un gravamen estructural a la subsistencia de los dominicanos.