¿Qué es minería responsable? La que impacta al medio ambiente y la comunidad, y se adhiere a la legalidad de un país 

La minería responsable es aquella que tiene en cuenta el impacto al medio ambiente y la comunidad y, sobre todo, la que se adhiere a la legalidad de un país. ¿Es decir? Que tiene la capacidad de tomar decisiones apegadas a las normas medioambientales y, por consiguiente, que puede rendir cuentas, ser susceptible de revisión legal, o en caso de fallas, a recibir penalidades. 

Por el contrario, el problema de la minería ilegal (o no responsable) conlleva a un impacto en el medio ambiente, que al llevarse a cabo de forma irregular, es poco técnica y acarrea contaminación y devastación de zonas completas en una nación. 

En República Dominicana el Gobierno está comprometido con la minería responsable, lo mismo que las empresas que extraen minerales en el país, aunque existen situaciones que se deben mejorar y aclarar para que empresa del sector no tengan que cerrar sus puertas o paralizar sus operaciones. 

En los últimos años, República Dominicana ha ido evolucionando hacia la minería responsable, sobre todo desde la inclusión del concepto de la sostenibilidad en su marco normativo, con el fin de que todos los proyectos cumplan con los requisitos que garanticen la sustentabilidad y restauración en los ecosistemas para que estos sean viables. Incluso, en más de una ocasión, el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, han dicho que están comprometidos con una minería responsable, transparente, y que beneficie a las comunidades donde se realizan estas actividades. 

Almonte ha informado en varias ocasiones que solo los proyectos mineros basados en la evidencia científica, que cumplan con los estándares de minería responsable, tendrán la licencia minera para operar. “Si el estudio de impacto ambiental y social determinan que la propuesta de operación minera no cumple con los estándares ambientales requeridos, entonces la empresa minera no operará”, ha manifestado el funcionario. 

Sin duda, es deber del Gobierno y de la sociedad permitirles a las mineras la realización de exhaustivos estudios de impacto ambiental para ver si procede o no la explotación minera en una determinada zona. Asimismo, el Gobierno dominicano tiene el compromiso de garantizar que las industrias extractivas cumplan con la entrega del 5 % de las ganancias netas a las comunidades donde operan, como lo estipula la Ley de Medio Ambiente 64-00. Está claro que esta ley no ha sido cumplida a cabalidad, pero en el Ministerio de Energía y Minas, están diseñando un programa de aplicación inmediata de dicha partida a las zonas impactadas por las empresas mineras. 

La actividad minera es una actividad económica importante, y hay que hacerla orientada a la sostenibilidad medioambiental, en eso, todos estamos claros. Solo falta que el gobierno y las empresas jueguen su rol educativo y responsable, ¡como lo están haciendo!