En los últimos años, se ha vuelto habitual el que casos que se debaten en la justicia son expuestos en los medios de comunicación y plataformas digitales, convirtiéndose estos escenarios en salas de audiencias públicas, sin restricciones, donde los involucrados son sentenciados moralmente apenas iniciando un proceso judicial. No se sabe qué es peor: si el asunto en cuestión, la inversión económica que representa una defensa, o la repercusión de los debates y comentarios en la honra, imagen y reputación de los imputados.
Estos juicios mediatizados o paralelos han pasado a ser linchamientos sociales que tratan de presionar, predisponer o influir en las decisiones judiciales a favor o en contra de los acusados. La presión de las corrientes de opinión, y la exigencia social de resultados a favor de lo que “pide la comunidad”, pudiera incidir en sentencias jurídicas sin cumplir el debido proceso, pero que llenan esa necesidad de justicia social y aceptación de la población.
¿Puede un juez estar al margen y aislado de lo que acontece en el ámbito informativo público? Realmente, no.
¿Pueden las redes sociales y el bombardeo mediático condicionar o influir en sentencias o decisiones judiciales? Seamos honestos, sí.
¿Dónde queda aquello de la presunción de inocencia?
Al margen de cuál sea el caso, cuando explota una crisis de esta envergadura, ¿qué se debe hacer, hablar o mantener el silencio? Es aquí donde se entrelazan la gestión legal y las estrategias de comunicación. Es aquí cuando es cada vez más frecuente que los abogados más avezados hagan simbiosis con especialistas estrategas en comunicación de crisis, a fin de nadar las aguas del flujo de informaciones, sus orígenes y motivaciones, el carácter de la espontaneidad o la determinación en contrario incluso.
Controlar la narrativa, el morbo, la contaminación mediática, el rumor público y el privado; decantar las versiones que por naturaleza o no se van formando; cultivar la correcta opinión pública; comunicar para que la sociedad pueda interpretar correctamente los hechos.
La experiencia de este consultor es vital para saber gestionar la información sin apasionamiento ni emociones y, con cabeza fría, tomar decisiones con cautela y precisión; incluso, saber manejar las complejidades de las redes sociales, donde en estos tiempos, comúnmente, se manipula la percepción pública hacia uno u otro polo.
La sociedad actual demanda acceso a la información y, sobre eso, cualquiera emite criterios, sin restricciones ni reservas, convirtiéndose en actor de un “juicio público” y “fusilamiento reputacional”, frecuentemente sin conocer al imputado ni las interioridades del caso.
Cierto es que las decisiones de los jueces deberían estar exentas de presiones sociales y mediáticas, respetando y garantizando siempre los procedimientos establecidos por la ley, aun sabiendo que, posiblemente, se están echando una sociedad o un estado de opinión en contra, o poniendo en juego su reputación, trayectoria y credibilidad.
Este fenómeno, entre la viralización de la información y los derechos del procesado, debe encontrar un punto de equilibrio que no incida en lo que ocurre o debe ocurrir a lo interno de un proceso penal.
Maya Angelou expresó una vez que “puede que no controles todos los eventos que te ocurren, pero puedes decidir no ser reducido por ellos”. Saber manejar estratégicamente la comunicación pública favorecerá o perjudicará a las partes involucradas.
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