En la lógica, o más propiamente en la visión acomodaticia y particular de algunos organismos y naciones poderosas, invocar la defensa de la soberanía nacional no es un recurso válido de un país libre e independiente para oponerse a pretensiones o imposiciones transnacionales.
Este es, sin duda, el panorama inadmisible que se ha intensificado en los últimos tiempos, por diversas vías y métodos de presión foránea, para que la República Dominicana asuma, de manera total y única, la responsabilidad de enfrentar la crisis humanitaria y de disolución social y política que vive Haití.
Como si no fuera suficiente con el alto sacrificio económico que, por años, el país ha asumido por cuenta propia, y que solo con las parturientas haitianas alcanza los 15 mil millones de pesos anuales, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea buscan que la República Dominicana no aplique freno alguno a la ya desbordada inmigración de indocumentados haitianos.
Mientras Estados Unidos permanece indiferente frente a la crisis haitiana, y a los pedidos de que intervenga con una fuerza militar, su inacción y silencio coincide de hecho con el pedido de organismos internacionales para que se detenga la deportación de haitianos desde el territorio dominicano.
Se trata, no hay duda, de una posición incoherente y contradictoria, sobre todo en cuanto a los imperativos que se enarbolan en términos humanitarios, porque los haitianos que tratan de alcanzar por la vía marítima el territorio continental de Estados Unidos, son detenidos y devueltos a Haití por el Servicio de Guardacostas norteamericano.
En medio de esta situación, nuevamente, el presidente Luis Abinader, en su calidad de gobernante y de jefe de la política exterior del Gobierno, ha alzado su voz de forma enérgica para rechazar el pedido de que las autoridades dominicanas no ejerzan su derecho a repatriar a haitianos sin documentos, como ha pedido William O´Neill, experto en derechos humanos para Haití del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Abinader fue enfático al requerir a la ONU y, en general a la comunidad internacional, “que actúen con responsabilidad como debieron de actuar, ya que, si están tan preocupados por los derechos humanos, deben estarlo por todos los problemas que están sufriendo los ciudadanos pobres de Haití, a quienes se les afectan sus derechos humanos todos los días”.
No es la primera vez que el mandatario se ha manifestado en ese sentido, y con semejantes términos directos y precisos, tanto en el país como en escenarios internacionales. El más reciente planteamiento, en ese sentido, lo formuló en Belice, donde pidió la atención de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) sobre el problema de la migración irregular en la región, destacando el impacto negativo que tiene en la República Dominicana.
En lo que significó un giro de posición con respeto al tema durante una reciente visita a Puerto Príncipe, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abogó junto al primer ministro haitiano, Ariel Henry, por una fuerza interventora que pueda enfrentar, sobre el terreno, la prolongada y grave crisis de seguridad humanitaria que vive la nación, considerada la más pobre y desamparada del hemisferio.
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