RD bajo asedio y con grandes retos

En el orden económico, y más allá de una angosta visión inmediatista, el centro de la atención pública se centra en los alcances e implicaciones que tendrá en diferentes áreas el denominado proyecto de Actualización Fiscal.

En paralelo a lo estrictamente relativo al orden económico y de las finanzas públicas, están las recientes presiones que en el país, y en organismos extranjeros, recibe la República Dominicana por las medidas que está tomando ante la inmigración haitiana indocumentada.

La expectativa de la opinión pública se enfoca, además, en la reforma a la Constitución, y el impacto que podría lograr, especialmente en cuanto al punto medular de lograr, lo que se ha denominado, un candado para imposibilitar que un jefe de Estado pueda intentar extender su mandado más allá de los dos períodos que consagra la Carta Magna.

Como era previsible desde que se anunció que el país estaba ineludiblemente abocado a emprender el camino de una reforma fiscal, por espinoso que resultara, las quejas y temores comenzaron a manifestarse, pero ha sido tras la presentación formal de la iniciativa cuando han tomado mayor cuerpo.

Ningún sector parece dispuesto a asumir sacrificios, y piden al gobierno y a los congresistas apuntar hacia otro lado a la hora de aplicar los ajustes fiscales. Lo más preocupante, ante esta postura, es ignorar que sin esa reforma el país está ante el inminente peligro de caer en un estado de insolvencia para asumir el pago de su deuda externa, la cual se traga actualmente gran parte de lo que ingresa al fisco. 

Entonces, los problemas se pueden manifestar en el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado, la dificultad para encontrar inversores dispuestos a realizar nuevos préstamos, o en la elevación del tipo de interés que se tendría que pagar para hacer posible la emisión de nueva deuda. Por eso, el ministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente, y el presidente Luis Abinader, insisten en la imperiosa necesidad de alcanzar al año una recaudación de RD$122,486.6 millones.

La oposición, que siempre busca sacar provecho partidario de coyunturas que deberían ser enfocadas con objetividad y visión de país, y sectores productivos, no aceptan el llamado de que la reforma fiscal sea asumida como un acto de responsabilidad política, a la espera de que en el mediano y el largo plazo produzca un impacto positivo.  

Como paso previo a la reforma fiscal, y ante reclamos de que el gobierno también tendría que hacer recortes y replantear su escala de prioridades en cuanto a gastos e inversiones, también se anunció un plan que abarca supresión y fusión de algunas entidades oficiales. Pero la repercusión, incluso en el propio seno estatal, estuvo matizada por argumentaciones de que tendrían efectos trastornadores.

En medio de este preocupante panorama parece no advertirse, con precisión y claridad, el peligro de que el país pueda caer en una situación de inestabilidad no sólo económica, sino también social con todas las trastornadores complejidades que esto entrañaría para la paz social, el turismo y las inversión local y foránea.