Ciberviolencia de género: cuando compartir es agredir

Debemos llamarla por su nombre. No es un “escándalo”, no es un “video filtrado” y mucho menos es culpa de la víctima. Es ciberviolencia de género, y como toda violencia, tiene responsables: quien difunde el contenido sin consentimiento y quien lo reenvía sabiendo el daño que causa.

Desde el Centro Nacional de Ciberseguridad de la República Dominicana hemos visto de cerca cómo estas agresiones se han multiplicado con la masificación de los teléfonos inteligentes y, más recientemente,
con herramientas de inteligencia artificial capaces de fabricar imágenes íntimas falsas de personas reales. Ya no hace falta que exista una foto original: basta un rostro tomado de un perfil público para producir un montaje creíble. Esto amplía el universo de posibles víctimas a cualquier persona con presencia en internet, y eso somos prácticamente todos.

La respuesta del Estado dominicano tiene que ser integral. Primero, en el plano legal, nuestro marco normativo sobre crímenes y delitos de alta tecnología ofrece herramientas para perseguir estas conductas, y corresponde a las autoridades aplicarlas con firmeza y con perspectiva de género. Segundo, en el plano institucional, la coordinación entre el CNCS, la Dirección de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) de la Policía Nacional, el Ministerio Público y las organizaciones que acompañan a las víctimas debe ser ágil, porque cada hora que una imagen permanece en línea multiplica el daño.

Tercero, en el plano tecnológico, hoy existen soluciones concretas. Junto a organismos internacionales y a la organización que opera la plataforma StopNCII, desde el CNCS hemos impulsado en el país una campaña para que las víctimas conozcan esta herramienta que ofrece un mecanismo de protección y respuesta a la difusión de imágenes no consentidas. StopNCII permite que una persona genere, desde su propio dispositivo y sin que la imagen salga de él, una huella digital que las principales plataformas utilizan para bloquear la publicación de ese contenido. Es una forma de devolver
el control a quien lo perdió.

Pero ninguna ley, institución o tecnología sustituye la responsabilidad individual. Cuando recibimos una imagen íntima de alguien que no autorizó su difusión, tenemos exactamente dos opciones: reenviarla y convertirnos en parte de la agresión, o detener la cadena y reportar el contenido a la plataforma. No hay una tercera opción neutral.
Compartir es agredir.

A quien esté viviendo esta situación le digo con claridad: no está solo ni sola, no es culpable y sí hay salida. Guarde las evidencias, no ceda ante ninguna extorsión, denuncie ante las autoridades y utilice las herramientas de bloqueo disponibles. Y a las familias, escuelas y empresas les pido que nos hagamos eco de este tema antes de que ocurra, porque la prevención empieza por entender que la intimidad de una persona es suya y de nadie más.

La ciberseguridad no trata solo de proteger sistemas y datos. Trata de proteger personas, y en especial a quienes son más vulnerables frente a la violencia. Un ciberespacio seguro es aquel donde la dignidad de una mujer no depende de la voluntad de un desconocido con un teléfono en la mano. Construirlo es tarea de todos.