Cuando las redes salen a la calle

Una conversación en las redes sociales puede comenzar con una denuncia, convertirse en tendencia, reunir a cientos de personas y terminar obligando a una institución pública a revisar una decisión. Ese recorrido, que hasta hace poco parecía excepcional en la República Dominicana, comienza a formar parte de nuestra realidad política y social.

No estamos únicamente ante ciudadanos que protestan en internet. Estamos presenciando el surgimiento de comunidades digitales con capacidad para trasladar el descontento desde las pantallas hasta las calles, influir en los medios tradicionales, interpelar directamente a las autoridades y elevar el costo reputacional de determinadas actuaciones públicas.

Conviene que el poder político entienda este fenómeno. Pero también resulta necesario que quienes adquieren influencia a través de las plataformas comprendan que la visibilidad no sustituye la responsabilidad, que una comunidad de seguidores no equivale a una representación democrática y que la irreverencia, aunque pueda ser un recurso expresivo, no confiere licencia para degradar el debate público.

Una de las pensadoras que mejor ha estudiado esta transformación es Zeynep Tufekci, socióloga de origen turco que comenzó su vida profesional como programadora informática antes de dedicarse al estudio de las relaciones entre tecnología y sociedad. Creció en Estambul, cursó estudios de posgrado en Estados Unidos y ha combinado la investigación académica con la observación directa de movimientos sociales en distintos países.

Actualmente es profesora Henry G. Bryant de Sociología y Asuntos Públicos en la Universidad de Princeton y columnista de opinión de The New York Times. Anteriormente enseñó en las universidades de Columbia, Carolina del Norte y Maryland, Baltimore County; fue investigadora en Princeton y becaria Andrew Carnegie. En 2022 quedó finalista del Premio Pulitzer por sus columnas sobre las fallas de los sistemas sanitarios y las instituciones públicas durante la pandemia. Su autoridad no procede solo de las aulas: ha estudiado protestas sobre el terreno, conversado con sus protagonistas y observado cómo interactúan ciudadanos, plataformas, medios, gobiernos y fuerzas de seguridad. 

En su libro Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest, publicado por Yale University Press, Tufekci desarrolla una tesis particularmente útil para comprender lo que empieza a ocurrir en la República Dominicana: las tecnologías digitales permiten que las protestas crezcan con una rapidez y una escala extraordinarias, pero esa misma facilidad puede ocultar profundas debilidades organizativas.

 Movilizar no es lo mismo que organizar

En el mundo anterior a las redes sociales, convocar una gran manifestación requería meses o años de trabajo. Había que construir organizaciones, formar dirigentes, recaudar recursos, distribuir responsabilidades, acordar demandas y desarrollar vínculos de confianza. Cuando una multitud finalmente aparecía en las calles, no solo expresaba descontento: era la demostración visible de una capacidad organizativa acumulada.

Las plataformas digitales modificaron ese proceso. Una indignación tiene el potencial de propagarse en horas, conectar a personas que no se conocen, adquirir símbolos compartidos y producir una convocatoria de considerable magnitud. La protesta puede aparecer antes que la organización.

Esto representa una democratización indudable de la capacidad de intervenir en el espacio público. Grupos antes invisibles ya no dependen exclusivamente de partidos, sindicatos, asociaciones empresariales o medios de comunicación para hacerse escuchar. Un teléfono móvil puede documentar un abuso; una etiqueta, convertir un problema local en una causa nacional; un ciudadano con audiencia, interpelar directamente a los máximos representantes del Estado.

Pero la facilidad para reunir personas no garantiza la existencia de una estructura capaz de sostener el movimiento, tomar decisiones, negociar con las autoridades o convertir la presión social en políticas públicas duraderas. Esta distinción es esencial. Una protesta multitudinaria constituye una señal de poder, pero no necesariamente la prueba de que detrás existe una organización igualmente poderosa.

 Tres maneras de ejercer el poder

Tufekci propone evaluar los movimientos sociales a partir de tres capacidades: narrativa, disruptiva e institucional. La capacidad narrativa permite instalar un tema, alterar su significado y modificar la conversación pública. Un movimiento puede lograr que una situación antes normalizada pase a considerarse injusta, abusiva o intolerable.

La capacidad disruptiva consiste en interrumpir el funcionamiento habitual de la sociedad y elevar el costo de ignorar una demanda. Puede expresarse mediante protestas, concentraciones, boicots, ocupaciones o acciones de desobediencia. La capacidad institucional permite transformar esa energía en decisiones: leyes, políticas públicas, sanciones, reformas administrativas o consecuencias electorales.

Un movimiento puede ser muy fuerte en una de estas dimensiones y débil en las otras; dominar la conversación sin conseguir una modificación institucional; reunir a miles de personas, pero carecer de interlocutores legitimados para negociar;  obligar a una autoridad a retroceder en una decisión puntual, sin desarrollar la capacidad necesaria para incidir sobre las causas estructurales del problema.

Esta lectura ayuda a interpretar las movilizaciones digitales dominicanas sin subestimarlas ni sobredimensionarlas. El volumen de publicaciones, la viralidad de una etiqueta y la asistencia a una convocatoria son indicadores relevantes, pero no deben confundirse con representatividad social, cohesión política o capacidad institucional.

 La atención es el nuevo territorio del poder

Uno de los mayores aportes de Tufekci es su explicación de la atención como recurso político. En el ecosistema digital, el problema ya no es solamente acceder a la información. La información abunda. Lo verdaderamente escaso es conseguir que la sociedad preste atención a un asunto y la mantenga durante un
tiempo suficiente.

Las redes rompieron el monopolio que ejercían los medios tradicionales sobre la visibilidad pública. Las personas pueden documentar acontecimientos, producir interpretaciones y difundirlas sin esperar la aprobación de un editor. Las instituciones dejaron de tener control sobre los tiempos, los canales y las condiciones en que serán interpeladas.

Sin embargo, la misma arquitectura que facilita la denuncia premia el conflicto, el escándalo, la exageración y la confrontación. Los algoritmos no distinguen entre una contribución democrática y una provocación rentable. Registran aquello que genera interacción.

De ahí surge una figura cada vez más frecuente: la celebridad digital que interpreta su volumen de seguidores como una forma de autoridad pública. Puede movilizar causas legítimas y ejercer una fiscalización necesaria. Pero también, terminar subordinando la causa a su personalidad, convirtiendo la interpelación ciudadana en espectáculo o confundiendo la libertad de expresión con la ausencia de límites.

 La irreverencia y el respeto institucional

Un episodio reciente ilustra esa tensión: durante una rueda de prensa, un ciudadano que se considera una celebridad digital llamó “tíguere” al presidente de la Cámara de Diputados. La expresión podría defenderse como una manifestación de irreverencia popular, una ruptura deliberada con la solemnidad del poder o como parte de los códigos comunicativos que circulan en las plataformas. Pero el hecho
plantea una cuestión más importante
que la palabra utilizada: ¿qué tipo de relación queremos construir entre la ciudadanía emergente de las redes y las instituciones democráticas?

Los funcionarios públicos no están exentos de escrutinio. Su investidura no debe convertirse en escudo frente a las preguntas difíciles, la crítica frontal o la indignación ciudadana. La solemnidad institucional tampoco puede invocarse para preservar distancias autoritarias ni exigir una reverencia incompatible
con la democracia.

Pero cuestionar al poder no requiere degradar el lenguaje público. La firmeza no depende del insulto y la autenticidad no obliga a desconocer las formas elementales de respeto. Una democracia madura debe permitir que cualquier ciudadano contradiga al presidente de una cámara legislativa, sin asumir que para hacerlo necesita despojarlo
de la dignidad inherente al cargo
que representa.

No se trata únicamente de proteger la sensibilidad de una persona. Las autoridades ocupan temporalmente posiciones que pertenecen al orden institucional. Cuando la crítica se dirige a ellas, debe ser intensa, fiscalizadora e incluso incómoda; pero conviene distinguir entre confrontar al funcionario y banalizar la institución.

Del mismo modo, el poder debe evitar una reacción defensiva o desproporcionada. Convertir una irreverencia en un conflicto mayor puede amplificar al provocador, desplazar el tema original y confirmar la narrativa de una autoridad incapaz de convivir con los nuevos códigos ciudadanos. En la esfera digital, la arrogancia institucional y la insolencia del activista pueden alimentarse mutuamente hasta transformar un asunto sustantivo en una competencia por la atención.

 El desafío de las instituciones dominicanas

Las instituciones públicas dominicanas necesitan desarrollar una nueva inteligencia para relacionarse con estos movimientos. Ignorarlos sistemáticamente sería un error. Responder a cada presión viral como si expresara automáticamente la voluntad nacional también lo sería.

No toda tendencia representa a la mayoría. No toda convocatoria constituye un movimiento. No toda indignación es espontánea. Pero una conversación minoritaria puede revelar un malestar verdadero, anticipar una crisis, modificar la agenda mediática o conectar con sentimientos existentes más allá del grupo que la impulsa.

Por eso, la respuesta institucional no debe depender únicamente del número de comentarios. Es necesario analizar quiénes participan, qué comunidades conectan, cuáles son las demandas, cuánto tiempo permanece la conversación, si tiene traducción territorial y si logra articular capacidad narrativa, disruptiva o institucional.

También hace falta abandonar la idea de que comunicar consiste en publicar una nota de prensa después de que el conflicto haya estallado. Las instituciones deben escuchar, explicar, responder con evidencia y crear mecanismos de interacción que no aparezcan únicamente cuando una etiqueta se convierte en tendencia.

Responder no significa capitular. Escuchar no obliga a aceptar todas las demandas. Rectificar tampoco equivale siempre a debilidad. La autoridad democrática se fortalece cuando puede explicar una decisión, reconocer un error o sostener una posición legítima sin despreciar a quienes la cuestionan.

 El desafío de los nuevos actores digitales

A los movimientos y liderazgos surgidos en las redes les corresponde
otra responsabilidad: convertir la visibilidad en capacidad cívica.

El éxito de una convocatoria no garantiza la legitimidad permanente.
Los seguidores no son militantes, los
“me gusta” no son votos y el alcance no sustituye la rendición de cuentas. Quien aspira a influir en decisiones colectivas debe someterse también a exigencias de veracidad, transparencia, respeto y coherencia.

El gran riesgo descrito por Tufekci es que el movimiento quede atrapado en la táctica que le proporcionó notoriedad. Repetir la provocación, elevar el tono o buscar una nueva confrontación puede mantener la atención durante algún tiempo, pero no necesariamente acerca
la causa a una solución.

La prueba verdadera comienza después de la viralidad: cuando hay que precisar demandas, aceptar diferencias, escoger interlocutores, negociar resultados y sostener el esfuerzo una vez que los algoritmos han encontrado otro tema.

 Una nueva relación con el poder

La República Dominicana está entrando en una etapa en la que las instituciones ya no podrán administrar la conversación pública desde arriba, y los actores digitales no podrán seguir considerándose simples ciudadanos sin responsabilidades sobre los efectos de su influencia.

El poder deberá aprender a ser menos distante, más transparente y más receptivo. Los movimientos en red deberán aprender que la capacidad de convocar no otorga una licencia ilimitada ni reemplaza la construcción paciente de legitimidad.

La lección de Zeynep Tufekci no es que las redes produzcan protestas débiles. Es que pueden producir protestas enormes antes de que exista una organización sólida. Su potencia es indiscutible, pero su madurez dependerá de lo que ocurra después de conquistar la atención.

En esa etapa comienza a encontrarse la República Dominicana. La calidad de nuestra democracia dependerá de que las instituciones no confundan irreverencia con irrelevancia y de que las nuevas voces digitales tampoco confundan popularidad con autoridad. Entre la solemnidad impermeable del poder y el espectáculo permanente de las plataformas existe un espacio más exigente: el de una ciudadanía capaz de fiscalizar con firmeza y unas instituciones habilitadas para escuchar sin perder su dignidad.