De crisis a confianza: La evolución de la Junta Central Electoral y su rol como modelo regional

La confianza encierra un impacto determinante en la configuración y elección de los modelos de sistemas electorales, en la medida en que esta variable se debilita, el poder político tiende optar por establecer mayores controles al ejercicio de la función electoral. En la República Dominicana, debido a una serie de eventos desafortunados en su historia democrática, la Constitución de 2010 instauró un modelo desconcentrado. Este modelo delegó las funciones de organización y resolución de conflictos electorales a dos órganos constitucionales autónomos e independientes: la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

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September 20, 2024

Aunque la adopción de este modelo fue un paso positivo hacia el aumento de la confianza ciudadana en el sistema electoral, no resultó suficiente. Las turbulencias de las elecciones de 2020, exacerbadas por la suspensión de las elecciones municipales de febrero de ese año, provocaron un profundo descontento entre los votantes y desataron una ola de protestas en todo el país.

Por estas razones, la ciudadanía se enfocó en la renovación del Pleno de la Junta Central Electoral, exigiendo la selección de perfiles sin afiliaciones partidarias que garantizaran procesos electorales transparentes e imparciales. En este contexto, se designó como presidente del órgano electoral a Román Andrés Jáquez Liranzo, quien en ese momento presidía el Tribunal Superior Electoral. Su destacada eficiencia en la resolución de conflictos electorales logró restablecer la confianza de la ciudadanía en la justicia electoral, consolidándolo como el perfil más idóneo para responder a las exigencias del contexto político-electoral.

Conscientes de que la confianza no se impone, sino que se gana a través de acciones concretas, la Junta Central Electoral emprendió un proceso de transformación profunda, impactando varios aspectos fundamentales del sistema electoral. Entre los más destacados se encuentran: I) el fortalecimiento del marco normativo electoral mediante la elaboración de propuestas legislativas para la modificación de las leyes 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, y 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos; II) la mejora en la agilidad y eficiencia en la publicación de los resultados electorales gracias a la implementación de equipos de digitalización, transmisión y escaneo (EDET) de los resultados directamente desde cada colegio electoral; III) la capacitación integral de los miembros de las Juntas Electorales y los colegios electorales, lo cual se tradujo en mayores niveles de eficacia en el ejercicio de sus funciones, entre otros logros significativos para la democracia dominicana. 

Gracias a esta destacada labor, la comunidad internacional ha elogiado de manera unánime la gestión de la Junta Central Electoral. En su informe de la misión electoral, la Organización de Estados Americanos (OEA) subraya que la transformación y los logros de la JCE se destacan como un modelo ejemplar en la región. La OEA resalta, en particular, el firme compromiso de la JCE por implementar las recomendaciones que se realizaron tras las elecciones municipales de febrero, ya que no solo sistematizó estas sugerencias, sino que también presentó una respuesta detallada sobre las mejoras en diversas áreas. 

Este nivel de transparencia y proactividad ha sido tan apreciado que la OEA insta respetuosamente a otros países a adoptar prácticas similares. Se destaca cómo la implementación de reformas y nuevas tecnologías ha fortalecido la transparencia, la eficiencia y la confianza en el sistema electoral dominicano, posicionando a la JCE como un referente valioso para otros países en América Latina que buscan mejorar sus procesos electorales y fortalecer su democracia. 

Dicho esto, debemos concluir que la Junta Central Electoral ha superado la prueba con éxito. Sin embargo, la pregunta que surge es: ¿qué sigue ahora? El Senado de la República enfrenta la crucial tarea de renovar los miembros del Pleno de este organismo para el período 2024-2028. La Cámara Alta del Congreso Nacional debe reflexionar sobre los retos que enfrentará la Administración Electoral en el próximo proceso electoral, reconociendo que la confianza es un bien intransferible y esencial para la gobernabilidad electoral y la estabilidad del sistema democrático. Además, el Senado deberá apostar por la especialización de los miembros del Pleno en asuntos electorales, para fomentar una mayor conciencia sobre el alcance y las implicaciones de las decisiones adoptadas. Este enfoque contribuirá a garantizar una administración electoral más efectiva y a fortalecer aún más la confianza en los procesos electorales.

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