Expectativas sobre la libertad de prensa e información

Esta expectativa se justifica por las implicaciones y el impacto que esta iniciativa tendrá a partir de los debates congresuales, y con mayor dimensión, cuando sea aprobada y promulgada para regular la libertad de expresión y los medios digitales.

Desde hace años, se venía señalando la necesidad de nuevas regulaciones a la luz de los cambios que se han producido en las comunicaciones, la información y el periodismo, con plataformas y medios que han tomado gran auge con las redes sociales.

Aunque, en principio, se da por sentado la necesidad de que toda actividad humana cuente con normas y regulaciones, sobre todo cuando su ejercicio incide en las personas y la sociedad en su conjunto, la inquietud surge en torno al alcance en cuanto a restricciones que podrían vulnerar derechos fundamentales.

En principio, la iniciativa es buena y atendible, sobre todo por los excesos, el irrespeto y la falta de principios con que se ejerce la comunicación en algunas plataformas, y de ahí, el respaldo que le ha dado la Sociedad Dominicana de Diarios, tras un trabajo de más de dos años para modernizar el marco legal vigente desde 1962, y sustituir la obsoleta ley 6132.

“Este proyecto es el resultado de un amplio proceso de consultas, reflexión técnica y concertación entre diversos sectores de la sociedad civil, la academia, juristas especializados, periodistas y representantes de medios de comunicación”, ha sostenido la entidad en un comunicado.

La propuesta reconoce la prohibición de la censura previa, claramente consignada en la Constitución y, en tal sentido, advierte que cualquier restricción debe tener un fin legítimo dentro de una sociedad democrática, aunque este punto podría precisamente ser uno de los más controversiales por las diferentes interpretaciones legislativas que podría suscitar.

En líneas generales, se ha señalado, como ha ocurrido con otros proyectos delicados por su repercusión a nivel de opinión pública, la conveniencia de que se realicen vistas públicas para que esta ley pueda ser debatida a profundidad, escuchando las opiniones de diferentes sectores.

Asimismo, y apoyada en principios fundamentales de la Carta Magna, en la ley se reafirma el derecho de los medios a acceder a fuentes informativas sin discriminación, fortaleciendo la transparencia y la diversidad informativa para beneficio de los ciudadanos, a los que se debe garantizar el derecho de recibir y dar informaciones sin ningún tipo de cortapisas.

Uno de los aspectos que deberá ser objeto de debida clarificación, es la forma en que operará el propuesto Instituto Nacional de Comunicación (INACOM) como entidad estatal descentralizada, con autonomía funcional, financiera y administrativa; patrimonio propio y personalidad jurídica, con la responsabilidad de proteger y promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, además de definir, establecer y reglamentar las políticas públicas, normas y procedimientos necesarios para la aplicación adecuada de la nueva normativa legal.

Otro aspecto a debatir, serán las sanciones que aplicará el nuevo organismo regulador para aplicar suspensiones a programas y medios por un periodo de hasta 90 días; eliminación de contenidos que violen las disposiciones de la ley para la protección de las personas menores de edad; y la imposición de multas, entre 30 y 200 salarios mínimos del sector público.