El estado de precariedad en que discurre la sobrevivencia en Haití, con un menor territorio que el dominicano y una población mayor que la nuestra, data de décadas, pero cada día es mayor, y de un desgarrador dramatismo que no logra sensibilizar a la comunidad internacional para un auxilio efectivo que no ya admite más demoras.
La situación en general por la crisis humanitaria y el masivo éxodo migratorio se ha agravado desde el magnicidio del presidente Jovenel Moise, que ha permitido a las bandas criminales tomar el control efectivo y virtualmente generalizado en Haití, donde aterrorizan con secuestros y exigencias de pagos forzados de protección para permitir la actividad comercial.
En medio de ese penoso panorama, y de la forma en que se profundiza el deterioro de la economía y de la seguridad en Haití y el consecuente peligro de que en cualquier momento se pueda desatar un estallido social de alcances impredecibles, el presidente Luis Abinader ha dado la voz de alerta en recientes foros internacionales y más recientemente a nivel local.
A pesar de críticas e incomprensiones, y por la indiferencia de los países desarrollados ante su llamado de actuar con urgencia en la crisis haitiana, el Gobierno dominicano no se ha limitado esta vez a simple retórica, sino que ha aplicado una serie de medidas que Abinader ha defendido, afirmando que su principal compromiso es proteger la seguridad nacional.
Entre esas medidas figura el reforzamiento de la vigilancia militar en la frontera para evitar no solo el paso de indocumentados, sino también a miembros de las bandas criminales que se dedican al secuestro y la extorsión. Otras disposiciones criticadas, pero que se mantienen firmes, incluyen la cancelación de nuevos visados a estudiantes haitianos y la negación de servicios hospitalarios, excepto en casos de emergencia.
Aunque Abinader no lo ha precisado, analistas locales han coincidido en que el gobernante debe haber tenido quizás información altamente delicada de fuentes de inteligencia para disponer esta repentina drasticidad en el control migratorio, que por razones estratégicas de Estado, no podría revelar o compartir.
La actual etapa de la crisis haitiana era previsible y no mereció la debida atención en el escenario mundial, ni siquiera de parte de Estados Unidos, que no ha contemplado una intervención o una acción punitiva para rescatar a los 17 misioneros norteamericanos que permanecen secuestrados.
Cifras reveladoras
· 60 % de la población haitiana es pobre, y de ella, el 24 % vive sumida en pobreza extrema. Solo una de cada 10 personas tiene acceso a servicios de agua potable.
· En Estados Unidos, la comunidad haitiana es de 1.7 millones de personas y sigue en crecimiento, a pesar de estar expuesta al peligro del creciente negocio de tráfico de personas que en ocasiones termina en abandono, engaños y estafas en la frontera con México.
· En Chile, desde 2010 a 2017, el ingreso de haitianos aumentó de 988 al año a 110,166, y ya asciende a 230,000, según datos del Servicio Jesuita de Migrantes.
· En Brasil, hay 130,000 haitianos que luego de que el sueño de una vida mejor se esfumó para ellos en esa nación sudamericana por la falta de empleos, crisis económica y dificultades para conseguir un estatus legal, vuelven a poner su mirada y expectativa en Estados Unidos.
· Por esta razón, los países de América del Sur y Centroamérica se han convertido en los últimos meses en zonas de tránsito, mientras en República Dominicanas se estima que la población haitiana sobrepasa el millón, según cálculos conservadores.
· México registró la llegada de 147,000 indocumentados haitianos entre enero y agosto de 2021, el tripe de lo alcanzado en 2020.
· Estados Unidos detuvo en julio pasado 212,000 migrantes haitianos, superando la barrera de 200,000 en 21 años.
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