La madrugada del 8 de abril, la discoteca Jet Set, un lugar al cual yo había asistido muchas veces, y en el cual estuve recientemente, conocida por los dominicanos por su vibrante vida nocturna, se convirtió en humo, gritos, caos y desesperación. Cantaba Rubby Pérez, uno de mis merengueros favoritos. En medio de la música y el baile, colapsó el techo, quitándole la vida a más de dos centenares de personas, y un similar número de heridos, enlutando a toda la sociedad dominicana. Más allá del recuento de víctimas, y el dolor tan profundo que sentimos, esta lamentable tragedia nos obliga a reflexionar sobre los pilares fundamentales que sostienen la seguridad y el bienestar de una nación: sus servicios públicos y la institucionalidad.
Ese día martes 8 de abril nos dimos cuenta de nuestra dependencia de órganos e instituciones públicas, como el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la Policía, los hospitales, entre otros, para la seguridad, el auxilio y la atención a la ciudadanía en momentos de crisis.
Su capacidad de respuesta, su equipamiento, y la preparación de su personal, mostraron ser factores determinantes en la mitigación de esta horrible tragedia y la atención a las víctimas. Aprovecho para honrarlos por la labor que hicieron. Definitivamente, son héroes y heroínas.
Y me pregunto, ¿los recursos destinados a estas entidades son suficientes y adecuados para enfrentar crisis como ésta? También, salió a relucir la inexistencia de procesos, de normas, la falta de fiscalización a estas estructuras, y la vulnerabilidad de las mismas. O sea, la falta de institucionalidad y cuando esto sucede, todos pagamos el precio. Por eso, es crucial la inversión y el fortalecimiento en estos servicios, no sólo cuando pasa una tragedia, sino que es indispensable adoptar estas medidas como prioridad de una política de Estado que proteja a todos los ciudadanos.
Como dominicana, siento una profunda impotencia ante esta tragedia, y mi corazón se llena de rabia y dolor al pensar en esa madre que perdió a su única hija; en los padres que perdieron a todos sus hijos; en los hijos que perdieron a ambos padres; a nuestra nación, que perdió a la voz más alta del merengue; en todos los que perdimos a gente querida, y en cada una de las personas que se vieron afectadas por esto. Esta impotencia que sentimos todos no es injustificada, y debemos transformarla en una exigencia de justicia y de cambios profundos.
¿Cuándo en nuestro país la gestión de riesgo se convertirá en una prioridad? ¿Cómo podemos prevenir que esto pase de nuevo? Debemos tener mecanismos obligatorios de fiscalización continua, como existen en otros países. Es crucial la inspección de lugares públicos para evitar tragedias similares. Esta fiscalización nos garantizaría que esos espacios cumplan con todos los requisitos de seguridad estructural, ambiental, salubridad, accesibilidad, entre otros.
Esta tragedia nos ha hecho ver la necesidad imperante de valorar, invertir y fortalecer los servicios públicos como pilares claves de una sociedad segura y justa. ¿Cuántos techos más tendrán que caer?
Esperemos que ninguno, y que esta tragedia, aparte del profundo dolor que nos causa, sirva de aprendizaje para nosotros tomar conciencia de tener una cultura proactiva, en vez de reaccionar cuando ya es demasiado tarde. Prioricemos el bienestar colectivo a través del fortalecimiento y eficiencia de nuestras instituciones públicas.
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