Morbo e intromisión en la intimidad de las personas

Fuera de proclamas de intenciones y de lo que disponen las leyes, las adjetivas y la sustantiva consagrada en la Constitución, un país y su sociedad logran ser auténticamente libres y vivir en una atmósfera de la democracia plena cuando el estado de derecho se ejerce por conciencia individual y colectiva de sus ciudadanos.

El escrupuloso respeto, adhesión y defensa de esas fundamentales prerrogativas permite establecer de forma fehaciente en qué medida una nación ha avanzado hacia un ideal sendero de coexistencia armónica y equilibrada, donde el disenso y el libre juego de las ideas fortalecen la institucionalidad.

Alcanzar esas metas a plenitud es una tarea casi siempre incompleta y pendiente, sobre todo cuando persisten lastres como las odiosas intervenciones telefónicas que interfieren con el derecho de las personas a la intimidad en su vida privada, como garantizaba el precepto de la inviolabilidad de la correspondencia en la época en que las cartas eran un medio predominante de comunicación y los correos y agencias postales la vía utilizada para hacerlas llegar a sus destinatarios.

A través del tiempo, e independientemente del partido que gobierna, la intervención telefónica se ha mantenido en el país en mayor o menor medida y no precisamente por los métodos que establecen las leyes, o sea, mediante la autorización de un juez cuando hay un requerimiento atendible en el curso de una investigación judicial.

Es un hecho claramente establecido que las mayores posibilidades de aplicar, financiar y mantener este perverso mecanismo de espiar las conversaciones telefónicas proviene de sectores de poder tanto públicos como privados.

En diferentes épocas, gobernantes y en ocasiones con mayor seguimiento e interés funcionarios de influencia en el entorno palaciego —además de sectores militares y de inteligencia— buscan enterarse de lo que se habla en ciertos círculos, qué temas tocan en supuesta privacidad y lo que dicen tras bastidores de sus rivales, competidores o enemigos.

Pero estos escuchas, ilegales por cuanto vulneran el derecho de los ciudadanos a la intimidad, no se limitan solamente a la política partidaria y al área gubernamental, sino que históricamente han incluido competencia comercial y empresarial con la utilización de malas artes y hasta miembros del clero se han sentido atraídos por este submundo.

De esa manera un empresario o comerciante se enteraba de lo que pensaban de ellos sus competidores y podían adelantarse a planes y estrategias innovadoras. Las intervenciones, incluso, se aplicaban entre personajes y entidades que en la apariencia mantenían relaciones cordiales y de gran respeto.

Como en el espionaje, se daba el caso de un doble interventor telefónico, o sea, alguien que sirviendo a una persona u organismo en particular para espiar a un tercero, hacía lo mismo en sentido contrario hasta que su primer contratante se enteraba de que era víctima de lo que pretendía aplicar a otro.

Hay gente en los partidos, en la clase empresarial, en el comercio y también entre familias encumbradas que en lugar de preocuparse o sentir temor por las intervenciones se burlan de ellas, afirmando que hablan por teléfono lo mismo que se atreven a decir en persona en cualquier escenario.

El problema de las grabaciones telefónicas no es solo las intervenciones propiamente dichas, sino la posterior edición que se hace en ocasiones de los diálogos, donde una persona puede aparecer diciendo, afirmando o calificando algún asunto en un sentido muy diferente a la conversación original. Pero hay que evitar el delirio o paranoia, creyendo erróneamente que todo el mundo es espiado.