En realidad, no se trata de nada nuevo, sino de un esquema replicado que ha tenido durante décadas la comunidad internacional, pero que se ha intensificado a niveles intolerables en 2022: exigir a la Republica Dominicana, y a su gobierno, asumir, con todo su peso, drama humano y costo económico, la solución del caso de Haití y de su angustiante y depauperada población, mientras las naciones ricas asumen la cómoda e insensible posición de indiferentes espectadores frente al país más pobre y sufrido del hemisferio.
Luego de que tan inadmisible exigencia unilateral de parte de Estados Unidos, y de la ONU, recibiera una contundente negativa del presidente Luis Abinader, enarbolando el derecho soberano del Estado dominicano a ejercer su soberanía y aplicar sus leyes migratorias, las presiones se han trasladado al ámbito económico, como quedó evidenciado con el embargo a la compra de azúcar del Central Romana Corporation.
Esta insólita situación persiste a pesar de un sinnúmero de pruebas y hechos comprobados, y de amplio conocimiento, que certifican a la Republica Dominicana como el país que más ayuda efectiva y humanitaria ha prestado a Haití a lo largo de sus penurias en las últimas décadas.
Se trata, no hay duda, de una realidad que lamentablemente ni se valora ni se reconoce, tal como subrayó Luis Sepúlveda, senador del Estado de Nueva York, en una reciente visita al país en muestra de solidaridad con el gobierno dominicano frente a los ataques de que es objeto.
Al igual que otros sectores de la vida nacional, incluidos dirigentes de partidos de oposición, el legislador, que es también dominicano, rechazó tajantemente que en el país se practique racismo, tal como insinuó la Embajada de EE. UU. en un reciente comunicado, en que advierte a sus ciudadanos de color que podrían ser molestados o confundidos durante operativos que realizan autoridades dominicanas contra indocumentados, principalmente de nacionalidad haitiana.
Ante el alud de presiones al gobierno dominicano, a la que se ha sumado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Haití, afirmando que las relaciones entre ambas naciones se deterioran por el tratamiento y las deportaciones de haitianos sin papeles, el Directorio de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) condenó la campaña contra el país y defendió el derecho del gobierno a aplicar medidas conforme a su ordenamiento jurídico y administrativo.
En medio del persistente reclamo de que se detenga la deportación de haitianos desde el territorio dominicano, en una reciente publicación, el emblemático periódico estadounidense, The New York Times, publicó que la cantidad de haitianos interceptados por la Guardia Costera, en su intento de migrar a Estados Unidos, ya se ha cuadriplicado desde el año pasado, mientras un número creciente emprende riesgosas travesías en endebles botes que frecuentemente terminan en mortales naufragios.
Los que defienden al gobierno dominicano, frente a lo que definen como una ofensiva orquestada desde diferentes frentes, argumentan que Estados Unidos no tiene calidad ni argumentos para pedir a la Republica Dominicana que haga lo que la gran nación del Norte no está dispuesta a asumir, ya que ha desplegado guardacostas para impedir que haitianos huyendo de la crisis en su país lleguen por mar al territorio norteamericano.
Como ejemplo, citan la reciente repatriación de 190 haitianos rescatados de un naufragio cuando intentaban llegar a la costa de la Florida en un velero. En lugar de llevarlos a su territorio continental, la Guardia Costera trasladó los náufragos a Haití, entre los cuales figuraban 50 niños.
Estados Unidos lidera las deportaciones de migrantes haitianos que llegan por aire y mar a su territorio, llegando a 21,303 hasta octubre de 2022.
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