Román Jáquez: Un año de reformas en la JCE

Román Jáquez es un hombre que ama el tema electoral. No porque hoy sea presidente de la Junta Central Electoral (JCE), sino porque ha dedicado más de 13 años de su vida a trabajar asuntos administrativos y contenciosos electorales. 

Desde las elecciones de 2008, 2010, 2012 y 2016, a través de la Junta Electoral del Distrito Nacional y del Tribunal Superior Electoral, se ha
desempeñado como Primer Juez-Miembro Titular y Juez-Miembro Suplente en la Junta Electoral del Distrito Nacional, y Juez Suplente del Presidente en la alta corte, en esta última, desde diciembre de 2011 hasta julio de 2017. 

Además, fue presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), durante el periodo 2017-2020. 

Pero a toda esta experiencia electoral, le suma una maestría en Estudios Políticos y Electorales, con doble titulación en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y la Universidad de Granada, en España. Es decir, Román Jáquez se preparó para ser presidente de la JCE.

Por eso, no extraña que trabaje de “lunes a lunes”, y que dedique entre 12 y 15 horas diarias de trabajo.

Sin embargo, Jáquez asegura que no se trata de una labor individual, sino de un equipo de trabajo compuesto por los miembros del pleno: Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa. 

Hoy, al frente de la JCE, Jáquez tiene la oportunidad de impulsar cambios que considera importantes para la democracia y la identidad de los ciudadanos. Aunque recuerda que el trabajo de la JCE no son solo las elecciones. 

“La gente cree que las elecciones es la única función de la Junta. No obstante, el día a día de la JCE son los actos del estado civil, actas de nacimiento, actas de matrimonio, acta de divorcio, acta de defunción, cédula de identidad, cédula de identidad y electoral, y todo lo que se desprende de estos servicios”, afirma Román Jáquez, al ser entrevistado en exclusiva por revista CONTACTO en el restaurante IL Cappuccino, para la sección Business From Cappuccino.

Al almuerzo, Jáquez acudió junto a Suedi León, directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la JCE.  

Román, ¿cómo ha sido este año al frente de la Junta Central Electoral?

“Nosotros asumimos el 11 de noviembre, y lo primero que trabajamos, fue con el ciclo electoral. La JCE, al margen de que todo el mundo entiende en principio que es la que organiza las elecciones, tiene funciones constitucionales de gran relevancia para la vida del ciudadano, desde el nacimiento hasta la muerte, porque tiene el registro civil y tiene la cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral. No solamente trabaja para los dominicanos, sino también para los extranjeros. 

En cuanto al ciclo electoral, una vez terminan las elecciones, nosotros hablamos de las etapas postelectorales. Pasadas las elecciones, es todo lo que se tiene que ver son las debilidades y fortalezas que haya tenido el pasado proceso electoral, desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista de las leyes que regulan el sistema. 

La JCE, en diciembre de 2020, inmediatamente formó una comisión de técnicos a lo interno de la Junta para que hicieran un diagnóstico de las debilidades de las leyes electorales, entiéndase la Ley de Régimen Electoral y la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Este levantamiento permitió ubicar las sentencias del Tribunal Constitucional, las sentencias del Tribunal Superior Administrativo y las sentencias del Tribunal Superior Electoral que habían declarado de manera concentrada. Entiéndase el Tribunal Constitucional y, de manera difusa, inconstitucionales artículos de ambas leyes. Una vez hecho este levantamiento, se hizo un diagnóstico de los problemas logísticos que se vivieron en el proceso pasado y esto fue plasmado en una documentación que fue presentada al pleno. El pleno de la JCE, en diversas sesiones de trabajo, hizo propuestas y eso trajo consigo una propuesta formal de modificación a las dos leyes”. 

¿Cuáles fueron las propuestas de modificación?

“Se impactó en una propuesta de modificación, exclusión o inclusión de unos 65 artículos y de todo un capítulo que tiene que ver con el Ministerio Público Electoral. A la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos se hace la propuesta de modificación, exclusión o inclusión de unos 40 artículos. Es decir, estamos hablando de unos 105 artículos de las dos leyes que se proponen modificar, excluir o incluir. 

Nosotros, en la modestia de la técnica, hablamos de una modificación, pero creo que la fuerza y las propuestas de la JCE, por la profundidad de las mismas, habría que hablar de una reforma. Entonces, de ahí que la JCE no se limita a presentar propuestas de manera mecánica. Es decir: ‘propongo que este artículo en vez de decir que el voto en el nivel municipal será por listas cerradas y bloqueadas, en lugar de listas abiertas, desbloqueadas, como está ahora’. De ahí que la JCE, hace aproximadamente tres o cuatro meses, presentó a la comunidad dominicana su propuesta de modificación motivada en un documento que tiene unas 303 páginas, donde cada artículo que se propone modificar, excluir o incluir se motiva. Se está proponiendo la paridad, en lugar de la proporción de 60-40 entre hombres y mujeres. La JCE simplemente dice: ‘pasemos de un 60-40 a una paridad 50-50, sino que la motiva’. Esto es un valor agregado que en pocas ocasiones se ha hecho. 

Se tomaron en cuenta no solamente las sentencias de los tribunales que mencioné; los pareceres y criterios técnicos; las debilidades y fortalezas del proceso, sino también las recomendaciones que la OEA (Organización de Estados Americanos) en las elecciones pasadas, que UNIORE (Unión Interamericana de Organismos Electorales) y que IFES (International Foundation for Electoral Systems) realizaron al proceso electoral. Es decir, que es una propuesta integral que abarca, por primera vez, las recomendaciones que normalmente hacen estos órganos internacionales y que son pedidos como observadores electorales internacionales, pero que a veces esas recomendaciones quedan en un vacío. La Junta aplicó en sus recomendaciones a la ley, estas recomendaciones. 

Nosotros buscamos cinco aspectos de reforma fundamentales:

1) El primero es la paridad. En República Dominicana, incluso en el Plan Estratégico 20-30, habla de la paridad de que tiene que ser progresiva y lograr la paridad para el 2030. Antes de la ley que tenemos vigente, se hablaba de una cuota de un 33 % de participación de la mujer. Actualmente, la ley habla de una cuota de proporción de 60-40 entre hombres y mujeres. Pero, una cosa es la participación y otra cosa es la concepción real y efectiva de la curul. Que la mujer participe es un paso de avance, pero la paridad significa que la mujer consiga real y efectivamente una representación en la curul. 

2) Eliminación del voto preferencial. Para lograr esa paridad se está proponiendo concomitante la eliminación del voto preferencial en el nivel municipal. ¿Y qué es el voto preferencial? Que el ciudadano (a) pueda votar de manera preferente: si hay ocho puestos para regidores (as), entonces vota preferencialmente. La eliminación del voto preferencial nosotros lo proponemos por varias razones. Primero, porque desde el punto de vista del escrutinio, de la logística electoral, siempre se revisaba. Segundo, porque el voto preferencial personaliza la candidatura por encima del partido, a un nivel tal que la competencia no es solamente a lo interno, debilitando la democracia del partido o el movimiento en particular, sino que la competencia también es hacia lo externo. O sea, yo compito con ustedes a lo interno por la curul, pero también compito con los partidos externos. 

3) Gasto en campaña. Otro elemento es que el voto, en vez de ser un voto temático, un voto de propuestas, se convierte en un voto económico. O sea, ‘es el que más recursos tenga el que normalmente sale electo’. Y desde luego, estadísticamente, no solamente en República Dominicana, sino que en los sistemas electorales del mundo, el voto preferencial hace que si bien la mujer participe no logre la curul, porque compite en un sistema machista, en un sistema de violencia política hacia la mujer que al final de cuentas no le beneficia. Ahora, las listas cerradas, bloqueadas, sí benefician a la mujer. La Junta está proponiendo paridad y eliminación del voto preferencial en el nivel municipal, porque la mujer tendría la posibilidad real de lograr la curul.  

4) Paridad horizontal y vertical. Con dos elementos adicionales, porque no bastaría la paridad de participación, ni bastaría la eliminación del voto preferencial sino se acoge a lo que se llama la paridad horizontal, la paridad vertical. ¿Qué significa esto? Que en la propuesta de plancha debe ser encabezada una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, de modo tal que si ese partido en esa boleta, que es cerrada, tienen cuatro curules, cuatro posiciones de regiduría, los primeros cuatro puestos son los que van a salir. Esto hace que participen en igualdad las mujeres y que salgan real y efectivamente electas en igualdad mujeres. 

5) Selección de suplente. Si se propone a una mujer como titular de una regiduría que tiene su suplente, el suplente no debe ser un hombre, debe ser una mujer. Porque el sistema engaña la obtención de la curul de la mujer. A veces ha ocurrido que la ponen a renunciar, y a la hora de la renuncia, el suplente es un hombre y lo que hacen es que burlan la paridad y burlan el sistema. 

Además, si un senador o un congresista renuncia, la Constitución establece que el partido debe presentar una terna para que se sustituya a esa persona que renunció o falleció. Lo que sucede es que el partido, normalmente, presenta a personas que no participaron del proceso interno. Entonces, la JCE está proponiendo que esa terna esté integrada por las personas que compitieron con la persona renunciante o fallecido y que quedaron en los primeros lugares inmediatamente al de él. 

Nosotros, incluso, estamos pidiendo que esto se extrapole a los organismos internos de los partidos, porque la paridad es transversal”. 

¿Cómo han reaccionado los partidos a esa propuesta?

“Nosotros presentamos esta propuesta a toda la comunidad. Se les envió de manera física y, posteriormente, dos semanas después a la presentación, se les mandó digital. Los partidos, algunos están de acuerdo con una temática, y otros están de acuerdo con otra. Nosotros teníamos en proyecto hacer distintos encuentros para debatir estos temas. Pero, dos semanas después, el presidente de la República, Sr. Luis Abinader, propuso un diálogo nacional donde se incluyó el tema electoral como una mesa de debate. Nosotros ya hemos sido invitados como JCE. Incluso, es la sede en donde se va a debatir la reforma electoral, y como pleno lo valoramos, por que no era prudente debatir esto si no era en el diálogo, que es el lugar que el sistema político y las fuerzas vivas van a debatir. Nosotros tenemos una iniciativa legislativa y vamos a presentar esto al Congreso Nacional para que se convierta en un proyecto. No obstante, estamos esperando que esto se debata en el diálogo nacional. La meta es lograr un consenso en estos temas que son sensibles”. 

El tema del financiamiento a los partidos y a los candidatos siempre es tema de debate. ¿Cómo se puede controlar el mismo?

“República Dominicana tiene un sistema mixto: el público y el privado. El público, actualmente la ley no indica un porcentaje, por lo que queda a la discreción del Poder Ejecutivo la asignación del monto. Nosotros estamos proponiendo, incluso, por recomendación de la OEA, que el financiamiento público no puede quedar a la discreción del Poder Ejecutivo: debe haber un porcentaje por ley de la asignación del monto.

El otro financiamiento es el privado, que es el que más se discute. El financiamiento privado tiene topes en la ley actual, tanto para la precampaña como para la campaña. Para la precampaña, le pone, según sea un precandidato (a) presidencial, del nivel municipal, de diputaciones, en fin, le pone un tope según el padrón electoral, un monto. 

Si es para senador, según la cantidad de electores en esa provincia, le pone un monto mínimo que se multiplica por la cantidad de electores. Por ejemplo: la ley vigente para la campaña de un candidato (a) la ley establece un tope de casi 1,000 millones de pesos de cualquier partido. Para precandidato, aproximadamente 500 millones. 

Entonces, ¿que ha hecho la Junta? Solicitar que se baje el tope en los dos sentidos. Es decir, que el tope para la precandidatura se baje en un 75 %. Por ejemplo: un precandidato presidencial en una precampaña puede gastar ahora casi 500 millones. Con nuestra propuesta son aproximadamente 200 millones. Si es en una campaña electoral, actualmente un candidato presidencial puede gastar hasta casi 1,000 millones. Nosotros proponemos que se reduzca en un 65 %, casi 500 millones. 

Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido con la ley vigente?… que establece unos topes que nosotros estamos pidiendo que se baje, porque la campaña electoral no puede ser una cuestión económica, sino que debe ser temático, de ideas y de propuestas innovadoras y no de dinero. Los topes están, pero no hay sanciones para quien los viole. ¿Qué ha hecho la Junta? Que está proponiendo a quienes violen los topes, tanto en el periodo de precampaña como de campaña, sanciones que van en las siguientes modalidades: 

Primero, inhabilitación de la precandidatura o de la candidatura, no solamente para el periodo que participa, sino también para un próximo periodo. Es una sanción que por otras infracciones lo establece la ley vigente, o sea, nosotros solo la extrapolamos. Además, que se imponga una multa que va de 100 a 500 salarios mínimos al candidato (a) o precandidato (a). 

Ahora, de nada sirve esto si no hay un proceso de fiscalización y de control. Desde que la Junta llegó, lo que ha propuesto, lo creó y así lo hizo, es una unidad de fiscalización de la que la ley actualmente habla, que la convirtió en una Dirección de Control y Fiscalización del Financiamiento de los recursos de los partidos, y desde luego, de los candidatos (as). 

La idea que existió en la gestión pasada es que esa unidad funcionaba el día de las elecciones o en el periodo electoral. Por ejemplo, actualmente, no hay un control para el tope. Nosotros proponemos que en el periodo de campaña, cada dos semanas, los candidatos y precandidatos presenten su informe a esa dirección y que, a partir de ahí, si se excede el tope, vienen las sanciones establecidas. En los años no electorales, como estos, los partidos políticos deben presentar mensualmente el informe de los gastos de su fiscalización y lo están haciendo mensualmente, en el período no electoral. 

Si usted va a la página de la JCE, en la campaña pasada, en el caso de los candidatos presidenciales, reportaron sus gastos como topes, pero los demás niveles solo cinco congresistas lo hicieron. La ley actual te dice el tope, entonces, ¿qué pasa si te excedes con el tope? Nada. 

Lo que estamos poniendo en nuestra propuesta es que la ley electoral y la ley de partidos políticos tenga garras y que se reduzcan estos gastos y que se reduzca el tiempo de campaña. Por ejemplo, el periodo de precampaña pasado fue de 115 días, nosotros estamos proponiendo que sea de 60 días, porque la dinámica electoral de un país no puede basarse en el tiempo. No es la cantidad, es la calidad y la regulación”.

¿Qué va a suceder con las personas que tienen aspiraciones a la presidencia que desde ya se andan promoviendo?

“La ley es muy clara y establece el plazo para usted como partido declarar a sus precandidatos, que es en el 2023. Ahora bien, hay aspirantes y un aspirante tiene derechos. La Junta, ante algunos excesos de algunos miembros de partidos políticos, hizo un comunicado diciendo que esto tiene consecuencias en la ley y, posteriormente, se emitió una resolución donde estable qué está permitido y qué no está permitido en este periodo no electoral, para que esos aspirantes puedan manifestar a lo interno sus intenciones. Por ejemplo: no se pueden realizar mítines, ni caravanas, ni se puede pagar o contratar a través de medios de comunicación o redes sociales publicidad paga; no se puede anunciar ningún partido político o proclamar precandidatos. 

En este escenario, todo el mundo es aspirante, pero usted no puede hacer actividades para trasmitirla a través de medios de comunicación promocionando algún tipo de candidatura, porque está prohibido. 

También está la resolución de que los actos públicos del Poder Ejecutivo, como de las alcaldías, los actos no pueden promocionar ningún tipo de aspiraciones siquiera, la JCE así lo ha determinado. Ha hablado, incluso, de que se pueden hacer encuestas para estudios a lo interno cuyo objetivo es ver las proyecciones, no así la publicación, porque es una modalidad indirecta de hacer campaña y precampaña. 

Ahora, ¿qué está permitido? Hacer actividades en locales cerrados; se pueden hacer juramentaciones, donde usted puede hacer una expresión como aspirante de sus propuestas a lo interno, no en lugares abiertos, ni en lugares públicos, es decir, dentro del partido o en locales cerrados. Siempre habrá el tema de las redes sociales, son de las dinámicas de la democracia y la libertad de expresión, un ciudadano que esté en ese evento podrá tomar una foto y la podrá subir”. 

¿Cómo han sido tomadas estas sugerencias, como la de paridad?

“Con el tema de la paridad, y es algo que yo lo considero como violencia política, cuando usted me dice que no hay mujeres suficientes para un 50-50 o que la mujer no tiene el tiempo, o que la mujer no tiene la disposición. Por eso se habla de una discriminación positiva, por eso se habla de acciones afirmativas. 

Nosotros en nuestra propuesta estamos incluyendo la violencia política como una infracción electoral, estamos poniendo sanciones. Por ejemplo, parece muy sencillo que una regidora de un partido político pasa a otro partido político y alguien del partido político al que ella pasó diga: ‘le quitamos la regidora y al hombre le quitamos la mujer’. Ella se fue del partido y se fue del hombre. Y eso es violencia política. Eso debe ser penalizado con cárcel. Una de las modalidades de la violencia hacia la mujer es en la política, pero no se reconoce”.

Usted ha comentado que la JCE no debe organizar las primarias de los partidos políticos. ¿Por qué?

“Un partido puede elegir sus candidatos por varias modalidades: por encuestas, por convención de delegados, por convención de miembros o por primarias. La ley ordena que si se van a celebrar primarias deben ser simultáneas, el mismo día. La ley actual indica que las primarias tienen que ser arbitradas, organizadas, supervisadas y apoyadas por la JCE. En el proceso pasado, la Junta, por el hecho de tu ser árbitro y organizador de un proceso, se convierte en ‘ser pasible’ de ser sometida a la acción de la justicia electoral por las decisiones. En las primarias de 2019, en octubre, la JCE se veía en el Tribunal Superior Electoral en demandas de un precandidato a otro precandidato a lo interno de ese mismo partido… Se veía a la JCE como parte del proceso, defendiendo la posición ganadora de un precandidato en contra de otro precandidato, y ¡eso no es posible! Si bien es cierto que la JCE puede apoyar y supervisar unas primarias, no puede ser el ente protagónico hasta para lo jurisdiccional. Es decir, ¿a quién demanda el precandidato que perdió? Ni siquiera es a su partido, es a la JCE. Eso es improcedente para la lógica neutral. 

Lo que propone la JCE es nosotros supervisamos, nosotros apoyamos, y el partido o movimiento que lleve su proceso”. 

¿Usted cree que eso afectó la confianza de la JCE en las elecciones de 2020?

“Claro que sí, eso afecta la confianza, porque si yo fuera un precandidato que competí con usted y a mí el abogado que me está atacando es un abogado de la JCE, ¿usted cree que yo como precandidato voy a tener el nivel de legitimidad y credibilidad cuando vaya a apoyar a otro candidato?… porque ya yo perdí, pero dentro de mi partido pudiese apoyar otro candidato. Yo no voy a confiar en esa Junta”. 

¿Su llegada a la JCE ha sido más difícil de como lo imaginaba?

“No, es que yo amo lo electoral. Todo lo contrario: yo estoy en esto desde el 2006, en la Junta del Distrito; después pasé al tribunal cuando se organizaron las elecciones 2008-2010; después pasé al TSE como suplente del presidente; después en el 2016 presidente del TSE, y ahora en el 2020 presidente de la JCE. Yo amo lo electoral”.

¿Su objetivo fue ser presidente de la Junta Central Electoral?

“Sí, la primera aspiración, porque no existía el Tribunal para el 2010, aunque la Constitución ya hablaba de un tribunal, pero sí aspiré a la JCE, pero Dios quiso que estuviese en la justicia electoral, porque lo electoral es transversal para mí. Yo amo lo electoral, sea jurisdiccional o sea administrativo”.

SU LLEGADA A LA JCE

Román, ¿qué encontró en la JCE a su llegada, en materia de recursos humanos, tecnología, presupuesto?

“El pleno de la JCE encontró una institución con unos 7,000 empleados y con un presupuesto solicitado para el 2021. Cuando nosotros llegamos, ya el presupuesto estaba solicitado por la pasada gestión por unos 7,400 millones de pesos. De ahí se aprobaron unos tres mil y algo de millones de pesos, equivalente a menos del 40 % de lo solicitado. Porque la gente entiende que los recursos para el financiamiento público de los partidos políticos van a la Junta y no es así: la Junta es solo una tramitadora, llegan a la Junta y la JCE los entrega a los partidos políticos. 

Esto provoca que en el 2021 haya un déficit operacional de unos 720 millones de pesos proyectados a diciembre de este año. De ahí que para el presupuesto complementario de este año nosotros solicitaremos unos 2,078 millones de pesos, que equivalen a los 720 proyectados a diciembre de déficit operacional y cuando hablo de déficit operacional, me refiero al pago de la luz, de mantenimiento… Con la nómina no, porque la nómina es estable. 

Esta es una institución que tiene 158 Juntas electorales a nivel nacional, más 16 OPREES (Oficinas para el Registro de Electores del Exterior), que equivalen a Juntas electorales a nivel internacional; nosotros tenemos a nivel nacional e internacional, aproximadamente 650 oficinas. 

La gente cree que las elecciones es la función de la JCE. El día a día de la JCE son los actos del estado civil, actas de nacimiento, actas de matrimonio, acta de divorcio, acta de defunción, cédula de identidad, cédula de identidad y electoral y todo lo que se desprende de estos servicios. 

La JCE emite anualmente tres millones y medio de actuaciones en el servicio”. 

¿Cuál es la situación actual de la JCE con su presupuesto?

“Nosotros solicitamos por ley. Nuestra ley orgánica habla de que la asignación presupuestaria debe ser 1.5 % del Presupuesto Nacional, sin embargo, lo que se mandó como propuesta del Poder Ejecutivo al Congreso fueron 1,000 millones de pesos, que es menos de lo que solicitamos como complementario y que no se dio. 

La JCE está operando y va a seguir operando en déficit, pero no vamos a parar. La JCE es la responsable de organizar en sentido general lo que sería un referéndum, ya sea consultivo o aprobatorio, y eso es responsabilidad de la JCE. La Junta no va a escatimar esfuerzos ni recursos para salvaguardar el registro civil, porque la identidad es la soberanía y democracia, y soberanía en un país es el Estado. Yo digo que el poder político debe valorar las competencias constitucionales fundamentales para la vida democrática y la soberanía del país a la hora de la asignación del presupuesto de la JCE, porque sino las prioridades serían otras para el Estado, no la democracia y la soberanía”.

OFICIALIA CIVIL

Román, ¿en qué consiste el proyecto de Eliminación del Trámite de la Legalización de las Actas del Estado Civil (ETLA)?

“Cuando usted solicita un acta de nacimiento al oficial correspondiente se la emite, pero usted la tiene que legalizar, que es la famosa legalización de la firma del oficial. Entonces, tiene que ir a un centro de servicio, que hay ocho a nivel nacional. 

Para que tenga una idea: a usted le emiten un acta de nacimiento en Constanza, pero tenía que ir a Santiago a legalizarla. Entonces, el ETLA elimina la legalización y le da unos niveles de seguridad. Entonces, todo esto es manuscrito, porque la ley así lo ordena, la ley va rumbo a 80 años. Nosotros propusimos una modificación a la ley de las Actas del Estados Civil, la ley 659, para que el registro civil pase de ser de manuscrito a digital, para que esas firmas puedan ser firmas digitales. Eso está en el Congreso y nosotros estamos esperanzados de que en esta legislatura se pueda aprobar esa ley, que va a permitir a la Junta emitir actas de manera electrónica a través del internet. Nosotros tenemos ya 95 oficialías que equivalen a más del 50 %, de las 167 oficialías que están en el ETLA”.

¿La JCE continuará ampliando las delegaciones en los hospitales para la declaración de niños?

“Sí, nosotros tenemos unas 63 delegaciones que operan en los hospitales, es decir, cuando un niño o niña nace ahí, existe una delegación de la oficialía donde se registra el nacimiento. Acabamos de inaugurar una en el hospital Marcelino Vélez y ahí mismo se le da su acta de nacimiento y su número de cédula. 

Nosotros vamos a inaugurar unas 6 delegaciones más, vamos a seguir ampliando oficialías a nivel nacional. Hace unos días inauguramos una en Puñal y otra en Monte Llano”. 

¿Ya quedó en la historia el vencimiento de las actas?

“Las actas del estado civil no se vencen. Las actas pueden sufrir algún tipo de cambio, porque alguien se puede cambiar el nombre, corregir un error administrativo o algo así. Si alguien intentara alterar un acta, se va a constatar, no te la van a aceptar y ya hay un acuerdo de interconexión. Ya tenemos condenas con personas que han alterado actas, no del nuevo sistema, porque el nuevo sistema tiene altos niveles de seguridad. Pero los que quedan con el sistema viejo, ya hemos tenido condenas por suplantación o por alteración”. 

Cuéntenos sobre la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil. ¿Cuál es la función de la EFEC?

“La capacitación en democracia es fundamental. Nosotros hemos dicho que mientras más se sabe de democracia, más se aplica democracia y, por ende, más se exige democracia. Gracias a esto, el ciudadano puede respetar las decisiones que se dan en democracia y sabe distinguir cuándo una decisión es democrática y cuándo es antidemocrática. Por eso, el papel de la EFEC es que forma no solamente en capacitación y formación a nuestros servidores públicos, sino que impacta a toda la ciudadanía y todos los partidos políticos”. 

La JCE está relanzando la EFEC. ¿Cuál es el propósito?

“La EFEC tiene un relanzamiento, un proyecto que va desde este año hasta finales del 2022, con tres ejes: sensibilización, capacitación y formación, y otro de publicación e investigaciones científicas, en materia de administración electoral. 

Por ejemplo, los miembros de las Juntas Electorales que van a ser seleccionados a partir del 28 de octubre, hasta marzo del año que viene, van a recibir una capacitación a través de la EFEC durante todo el año 2022. Normalmente, durante el diagnóstico que se ha hecho, la situación es que los miembros de las Juntas Electorales a nivel nacional y las OPREES a nivel internacional, no tienen una capacitación oportuna, ni con la capacitación debida, sobre todo en materia de administración electoral y justicia electoral, porque ellos tienen la doble función. 

El año que viene, la EFEC va a capacitar a unas 1,500 personas. A los que salgan en las Juntas Electorales, y tengan un título de grado, les va a dar una especialidad en materia de administración electoral, y a los que no tengan un título de grado, les va a dar dos diplomados en administración electoral. Esto es transversal a una campaña de conferencias en universidades a nivel nacional. Se van a dar talleres y cursos especializados a periodistas, abogados y miembros de la sociedad civil; vamos a ir a colegios y escuelas públicas; vamos llevar el ejercicio democrático; vamos a simular elecciones para que los niños, niñas y adolescentes vivan la democracia de manera directa. La meta es que para las elecciones del 2024, los que formen parte de los colegios electorales, la mayoría sean jóvenes universitarios, profesionales o de la sociedad civil, preocupados por el interés democrático. Para eso, tendrán que tener una capacitación que será a través de la EFEC. Por eso, la importancia de la EFEC es fundamental”.

En el acto de relanzamiento, usted habló de convertir la EFEC en un instituto. 

“Sí, el otro proyecto de la EFEC es la conversión en un Instituto de Educación Superior para que pueda emitir títulos de grado, como una licenciatura en administración electoral y una licenciatura en registro civil. Más adelante, valorar la posibilidad de que si vamos a dar maestrías ya no tenga que usarse la sombrilla académica de una universidad. Nosotros, actualmente, tenemos una maestría en Asuntos Electorales con la PUCMM; una maestría en Alta Gerencia de Partidos Políticos, con la Universidad Católica de Santo Domingo; una maestría en Administración Electoral, con la UASD. Estamos trabajando un acuerdo con la Universidad Complutense, de Madrid, para una maestría en Elecciones y Tecnología. Todo dedicado a empleados de la JCE, miembros de partidos políticos, sociedad civil, periodistas… es transversal. 

La EFEC tiene un papel para la formación democrática fundamental, y una maestría que comienza este domingo (31 de octubre) con una firma de un acuerdo con la UASD sobre derecho de familia, que va dirigida a los suplentes y a los oficiales del estado civil para trabajar y fortalecer las habilidades y destrezas en materia del registro civil”.