Sin blindaje a la crítica

Aunque hay leyes adjetivas que por la vía civil garantizan el derecho de las personas a defender su honra e incoar acciones ante los tribunales cuando se consideran afectados, es cierto que a la luz de las nuevas tecnologías y el uso irresponsable y aberrante de las plataformas en Internet, el ejercicio de esa facultad se ha tornado bastante complicado.

Sin embargo, el problema no se solucionará con una ley mordaza que establezca sanciones de prisión y que podría perjudicar por igual a periodistas y medios serios como a cibernautas francotiradores que, por ignorancia y también por estudiadas malas artes, buscan desacreditar y fusilar reputaciones, a veces por encargo y con fines de extorsión.

Quienes son partidarios de una ley mordaza en su esencia, y que conlleve privación de libertad  —aunque traten de encubrir sus reales fines con una redacción ambigua que se presta a diferentes interpretaciones—,  no acaban de entender que esto es un inadmisible anacronismo porque la tendencia en el mundo, sobre todo donde la democracia es más que un nombre, es a la despenalización de los llamados delitos de prensa para evitar, entre otras cosas, la censura previa o la autocensura.

En el hemisferio, la autocensura no se debe solo a la intolerancia oficial, sino que ahora intervienen las redes sociales, obligando a medios respetables a dejar determinados enfoques noticiosos para no ser falsamente vinculados a causas pretendidamente impopulares.

Paradójicamente, también medios tradicionales y respetables están poniendo en juego su credibilidad y permanencia en el aprecio público porque, por una cuestión de marketing y posicionamiento, le siguen el rastro a cuestiones de poca monta pero que se viralizan en las redes, en lo que con mucha propiedad Vargas Llosa ha llamado el periodismo como espectáculo.

En este y otros puntos controvertidos, además de la libertad de prensa, radica precisamente la complejidad de este debate sobre la forma más adecuada de reformar la obsoleta ley 6132, por lo que se impone como imperativo fundamental de los comisionados analizar el tema desde distintas perspectivas y tomando en cuenta la opinión de diversos sectores de la sociedad.

En ese necesario esfuerzo de ver las cosas desde distintas aristas, en una nota editorial, el Listín Diario destacó recientemente que los proyectos de ley que meten “cuñas peligrosas” a la libertad de expresión y difusión del pensamiento “desvirtúan la actitud siempre respetuosa· que ha tenido el presidente Luis Abinader hacia esas prerrogativas garantizadas por la Constitución”.

Antes de ese justo señalamiento, en un twitter, yo había señalado que en medio de críticas y advertencias sobre la libertad de expresión, Abinader había hecho bien en crear una comisión para consensuar y analizar varios proyectos de ley, siendo de esta forma congruente con su postura amigable y de ponderación positiva a la labor de la prensa

Abinader también ha dado una nueva muestra de receptividad democrática al retirar del Congreso la cuestionada ley del ciberdelito para analizarla en el seno de la comisión creada, mientras se busca una vía que evite usar las plataformas digitales como vertederos de  diatribas calumniosas. Como ha señalado el periódico británico The Guardian, Internet no tendrá existencia física, pero eso no quiere decir que sus usuarios puedan actuar sin pensar en las consecuencias.