Transformación digital en el Poder Judicial dominicano: Por una justicia diligente y confiable

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en herramientas vitales para las instituciones, empresas y profesionales del siglo XXI, y la justicia no escapa a ello. Sobre todo, cuando la pandemia ha impuesto nuevas rutinas en general. Las complicaciones que la Covid-19 impuso en el mundo trajeron nuevos desafíos, por lo que desde el Poder Judicial se ha tenido que dar pasos fundamentales hacia la transformación del sistema de justicia, dotando a juezas, jueces y operadores del sistema de los equipos, herramientas y conocimientos necesarios.  

Como parte del proyecto de transformación institucional que estaba contemplando en el Plan Estratégico institucional 20/24, una iniciativa que se implementaría a 5 años, el órgano judicial dominicano ha logrado desarrollar un ecosistema de justicia digital virtualizado, mejorando la calidad y celeridad de sus procesos. 

Además, el proyecto de transformación contemplado en dicho plan, cuenta con tres enfoques: dirigido hacia la eficiencia tecnológica, en la sustitución del sistema de archivo físico por la nube y la comunicación interna. El segundo, el cual se enfoca en el uso de herramientas tecnológicas para desplegar soluciones de forma rápida con el objetivo de ofrecer más y mejores servicios. Y el tercero, que se centra en el aprovechamiento de los datos en beneficio de los usuarios del Poder Judicial y de la ciudadanía.

“Antes, existían miles de personas que tenían años esperando por una sentencia, por una solución a un problema que podía estar deteniendo sus vidas o impactando en su realidad diaria económica o personal. Para solucionar estos problemas, estamos trabajando para vencer la mora y para que el Poder Judicial tome más en cuenta la importancia de su servicio y se ponga en el lugar de quienes acuden a este”, explicó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Luis Henry Molina Peña, durante la III Edición del Congreso Internacional de Estrategia Legal (CIEL-2021), cuya actividad reúne a expertos internacionales de la comunidad académica y profesional de las distintas áreas del derecho. 

Y es que los procesos en la Suprema Corte de Justicia, agregó el magistrado, antes eran tediosos y complicados, por la necesidad de que cada expediente tuviera que pasar por cada despacho; Sin embargo, actualmente ocurre lo contrario ya que estos fluyen de forma mucho más eficiente. 

 El alto tribunal se ha convertido en la punta de lanza de la transformación del sistema. Las magistradas y magistrados han logrado que el año pasado la Suprema Corte cumpliera su objetivo de despachar más expedientes de los que recibe y el coeficiente de solución es positivo. 

Según datos de la Secretaría General, entre junio de 2019 y diciembre de 2020, ingresaron 8,304 recursos. En ese periodo la Suprema Corte de Justicia falló 11,637 casos, y en lo que va de año se han resuelto de manera definitiva 1,369 casos.

Además, la virtualidad y el trabajo remoto han sido integrados a las gestiones internas, permitiendo mayor eficiencia operativa, ahorro de papel y recursos, tanto en el trabajo de la Secretaría General como de los magistrados y magistradas. 

En la actualidad, los envíos se hacen digitales y, simultáneamente, los magistrados pueden estudiar los casos, prepararse con suficiente tiempo de antelación para las ponderaciones, votación y deliberaciones.

 Y es que el uso de la tecnología tiene ventajas contundentes debido a que aumenta la transparencia y la posibilidad de que los expedientes puedan ser consultados por varias personas al mismo tiempo.  Como resultado, esto está dando beneficios directos en la Suprema Corte de Justicia ya que el expediente digital es más seguro que antes; pues, evita la pérdida o deterioro de los documentos y reduce el tiempo de análisis de los expedientes a través de la búsqueda inteligente para identificar con mayor rapidez el asunto que se desea consultar para la toma de decisión. 

La adaptación

El Poder Judicial ha tenido que afrontar la difícil tarea de adaptación de 11 departamentos judiciales durante estos meses.

“Lo que no se puede visualizar a nivel de medios ni se rescata como punto de debate es ese gran trabajo de toda la familia del Poder Judicial y es lo que a mi modo debe ser reconocido”, asegura la magistrada Bionni Zayas Ledesma, quien es consejera del Poder Judicial y presidenta de la Comisión Ejecutiva de Tecnología. Se procedió adaptar, de manera escalonada, la estructura judicial de 662 tribunales en todo el país para usar mejor los recursos del sistema. 

Anteriormente, la totalidad de los servicios de la justicia se realizaban de manera análoga debido a que no existía una plataforma para la gestión de solicitudes. No obstante, el Poder Judicial hoy puede contar con el Servicio Judicial, con 49,551 usuarios registrados. 

Esta plataforma ha logrado más de 2 millones 500 mil visitas. Con todos los tribunales operando de manera presencial, mientras que una proporción importante de las audiencias son virtuales. 

Durante la pandemia, el teletrabajo llegó a alcanzar los 2,102 usuarios internos de personal administrativo y servicios, siendo el Poder Judicial la primera institución pública del país que tuvo una Política de Teletrabajo. Una cantidad de 104 mil audiencias fueron soportadas por este sistema en el año 2020. Y actualmente, 5,750 usuarios utilizan la nueva herramienta telemática que ha permitido eficientizar las dinámicas laborales.

Estas transformaciones potencian servicios en línea y presenciales, solicitudes secretariales, fijación de audiencias, juramentación de abogados y estadísticas, reunidos en el denominado Servicio Judicial.

Audiencias virtuales

En la actualidad, se han habilitado cubículos para audiencias virtuales para combatir la brecha digital. Para asegurar un trato acorde al respeto de los derechos de todas las personas, la SCJ diseñó la “Guía de Trato Digno”, y se puso en marcha la dignificación de las sedes judiciales. También, se incorporó el “Protocolo para los Centros de Entrevistas”, y se habilitaron seis centros de entrevistas adicionales, para evitar que las víctimas sean puestas en riesgo de revictimización.

 También, la Escuela Nacional de la Judicatura, cuyo órgano está adscrito al Poder Judicial, desarrolló los programas ‘Yo me apunto a la virtualidad’ y ‘Servicio Judicial Virtual para Abogados’, que incluyen facilidades para obtener medios tecnológicos de acceso y capacitación. Más de 1,600 abogadas y abogados matriculados en todo el país al día de hoy. El año pasado, entre jueces, abogados, integrantes del Ministerio Público y de la Defensa Pública, la Escuela pudo capacitar y sensibilizar a un total de 14,944 personas. 

 Todos estos cambios suponen un importante aporte a la transformación la creación del Laboratorio de Innovación para la Justicia de la Escuela Nacional de la Judicatura. Por otro lado, la información existente sobre el desempeño y gestión de cada tribunal, Distrito Judicial y Departamento, se encuentra disponible en línea de manera pública y gratuita en tableros para seguimiento permanente.

 Con miras hacia el futuro, el Poder Judicial ha trabajado para ampliar y mejorar los servicios de justicia que están vigentes, siempre teniendo como eje central las necesidades de los actuantes en justicia y la ciudadanía, lo que implica continuar expandiendo los sistemas tecnológicos y plataformas de servicio tanto en línea como presencial.

 El Registro Inmobiliario, en su transformación digital, ha dado pasos en la profesionalización del personal, el lanzamiento de nuevos servicios digitales para facilitar la debida diligencia del trámite inmobiliario y la simplificación de requisitos. Tanto en Registro de Títulos como Mensuras Catastrales se continúan fortaleciendo las áreas, mejorando la calidad y el plazo de la respuesta, agilizando procesos y reduciendo trabas. 

 Adicionalmente, el Registro Inmobiliario colabora con el Poder Ejecutivo en iniciativas para masificar el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada. 

 Y es que la República Dominicana se encamina a lograr un sistema de registro inmobiliario a la altura de las demandas internacionales y locales: sustentados en una estructura ágil, transparente, moderna, digital, autosostenible y accesible para aumentar la seguridad jurídica del país.