¿Una ley mordaza?, ¡nunca jamás!

En principio, tal planteamiento podría ser visto, equivocadamente, como un contrasentido sin justificación alguna, sobre todo por provenir de un veterano periodista que además era abogado, y en tal virtud, conocía por conciencia profesional y social la esencia y necesidad de las normativas legales para regular la vida en sociedad.

Pero la controvertida tesis que expresaba y defendía Ornes con ardor, no era una idea peregrina sin fundamento, sino que provenía de la trastornadora experiencia que durante décadas había observado desde la SIP: la forma en que gobiernos del hemisferio usaban e interpretaban a su manera las leyes de prensa para restringir y conculcar la libertad y expresión del pensamiento; aplicar cortapisas, mecanismos de censura previa a medios independientes, y hasta disponer cierres de periódicos y prisión arbitraria de periodistas.

En definitiva, la postura de Ornes y el mensaje que buscaba enviar a través de su polémica expresión, era en realidad una sabia advertencia sobre el extremo cuidado que hay que tener a la hora de crear leyes o reformar las existentes cuando de algún modo pueden violar derechos fundamentales que no pueden ser conculcados ni restringidos, porque están garantizados por la Constitución por ser prerrogativas inalienables.

Este recordatorio sobre la previsión de este paladín de la libertad de prensa, y de expresión del pensamiento, adquiere renovada vigencia y actualidad, además de ser  un punto de referencia importante a ser tomado en cuenta en el actual debate en la sociedad dominicana, a propósito de un proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional que pretende imponer regulaciones, límites y también sanciones cuando se vulnera “el ejercicio del derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen”.

Aunque en apariencia la intención puede ser considerada buena y pertinente, tal y como está redactado el texto en varios artículos del proyecto, se podría prestar en la práctica, si finalmente se convierte en ley, para aplicar censura previa e incluso inducir a la perniciosa autocensura a medios periodísticos independientes, que por temor a procesos judiciales, dejarían de tocar ciertos temas peliagudos cuando envuelven a personajes de poder e influencia social, política o económica.

Si como han dicho los legisladores que defienden y apoyan la iniciativa, el propósito no es interferir con un ejercicio periodístico libre y responsable, sino defender el derecho a la intimidad ante excesos que se cometen, especialmente a través de las redes sociales, pero no hay necesidad de crear una nueva ley, ya que el principio de ese derecho está claramente esbozado en la Carta Magna y consagrado en leyes adjetivas que garantizan a cualquier ciudadano, sin importar su rango o condición, incoar una acción civil ante los tribunales cuando considera que alguna referencia a su persona ha afectado su honra y buen nombre.

Particularmente, pienso que los congresistas debían meditar con debida serenidad el paso que han emprendido y reconsiderarlo, oyendo todas las voces de sensata advertencia que se han levantado, y también siendo consecuentes con la reiterada y coherente postura civilista del presidente Luis Abinader en defensa de la libertad de expresión, que no es una prerrogativa constitucional exclusiva de medios y de periodistas, sino de todos los ciudadanos en un país de instituciones verdaderas y democráticas.